Los cambios acelerados asociados a la cuarta revolución industrial y el desarrollo de tecnologías como el Internet de las cosas (Iot), la automatización, el blockchain, el big data, inteligencia artificial (IA) y el cloud computing, están generando una verdadera revolución basada en datos, lo que demanda el abordaje en profundidad de varios temas tales como la alfabetización digital, la velocidad de acceso a internet, la propiedad de los datos, así como la seguridad cibernética, entre otros.

En particular, la seguridad cibernética ha sido un factor de preocupación abordado por las regiones y países de todo el mundo. En este sentido, la Unión Europea ha sido uno de los actores protagónicos, creando una serie de instrumentos e instituciones para afrontar los ciberdelitos y la ciberdelincuencia.

Esta preocupación por la ciberseguridad también se refleja en los ámbitos de cooperación de la UE con otras regiones, como en el caso de la reciente iniciativa lanzada en marzo de 2023 en Bogotá sobre la Alianza Digital LAC-UE.

Esta preocupación por la ciberseguridad y el incremento en los incidentes que afectan la seguridad cibernética también se ha agudizado en los últimos años en los países de América Latina y el Caribe, se refleja en la Agenda Digital Regional de América Latina y el Caribe (eLAC2024) y ha sido materia de estudio en un reciente informe elaborado por la CEPAL (2023), donde se identifican algunos de los principales incidentes cibernéticos que han tenido lugar en la región durante los últimos años.

La relevancia del tema se evidencia en un reciente informe de KPMG (2022), donde se estiman las pérdidas por un manejo inapropiado de la ciberseguridad ascienden al 1,5% de la facturación anual de las empresas privadas, sin considerar los costos intangibles que representan la pérdida de la reputación en la imagen de las organizaciones. Entre los 10 países con mayores pérdidas debido al cibercrimen en 2021, dos países son de la región; Brasil que ocupa el segundo lugar con u$s 188 mil millones y México el noveno lugar con una cifra de u$s 31.600 millones de un monto total estimado en u$s 574 mil millones según la firma IBM.

Por lo tanto, el diseño y la implementación de marcos normativos/regulatorios innovadores, así como los entornos de pruebas regulatorias, son esenciales no solo para contribuir a la protección de los derechos de las personas, sino también para generar mejores condiciones de mercado y un mayor crecimiento económico. Para avanzar en esta dirección, el poder legislativo juega un papel central en la definición de las estrategias de ciberseguridad. A modo de ejemplo, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado de Chile, lidera una iniciativa para la elaboración e implementación de la Estrategia de Transformación Digital: Chile 2035 que tiene como uno de sus principales pilares a la ciberseguridad.

El objetivo del seminario es conocer las acciones que se están adoptando en materia de ciberseguridad a nivel global y regional, y debatir sobre los principales retos que enfrenta Chile en materia de ciberseguridad, para avanzar hacia la definición de un marco analítico en la materia, que será parte integral de su Estrategia de Transformación Digital.

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