El Gobierno ha decidido aplazar hasta el 28 de febrero de 2015 el plazo para que las sociedades de garantía recíproca (SGR) cumplan las nuevas exigencias en materia de capital social desembolsado y recursos propios computables, ante la constatación de que estas entidades están «encontrando importantes dificultades» para cumplir el plazo previsto de tener satisfechos los nuevos niveles.
Así, aunque en la Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada el pasado mes de septiembre, se fijaba un plazo de nueve meses, hasta el 30 de junio de este año, para que las SGR contaran con las cifras mínimas de capital social desembolsado y recursos propios computables fijadas, muchas de estas entidades están afrontando fusiones, procesos de captación de fondos adicionales de socios protectores o cuestiones «conflictivas de naturaleza técnica», lo que está «demorando el proceso de ajuste».
Por eso, el PP ha destinado dos de sus 37 enmiendas parciales al proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito a moderar el ritmo de ajuste impuesto a las SGR. De este modo, finalmente las sociedades de garantía recíproca contarán hasta el 28 de febrero del año próximo para alcanzar los niveles exigidos.
PLANES DE CUMPLIMIENTO
No obstante, en las enmiendas de los «populares», que recoge Europa Press, se indica que si el 30 de junio de este año alguna SGR no cumple con los requisitos, deberá presentar al Banco de España un plan de cumplimiento donde se detallen las medidas adoptadas o previstas para alcanzar, «con un elevado grado de fiabilidad y en el plazo establecido», los niveles fijados.
En dicho plan se incluirá asimismo la «descripción detallada y el calendario» de todos los acuerdos, compromisos o autorizaciones que sean relevantes para implementarlo, concretando además las medidas que ya se han adoptado.
El Banco de España deberá aprobar este documento en el plazo máximo de un mes, y tendrá autoridad para requerir modificaciones, medidas adicionales o información suplementaria. Además, si ve «indicios fundados» de que las medidas no serán suficientes se considerará «a todos los efectos y de manera inmediata la existencia de un incumplimiento» de los niveles correspondientes de capital social y recursos propios.
El objetivo de estas previsiones, dicen los «populares», es «no demorar la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos en el nuevo plazo» concedido.
En otra enmienda, el PP modifica las causas de disolución de una SGR para incluir no sólo la reducción del capital social sino también la minoración de los recursos propios computables como razón para poder disolver estas entidades.
Las SGR son entidades financieras que, a través de la prestación de avales, facilitan el acceso de las pymes al crédito y mejoran las condiciones con las que consiguen la financiación.
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